05/08/2026
⚡ Cuando "aprender un oficio" se convierte en una trampa
En APIEM, cada vez recibimos más alumnos "rebotados" de otros centros: personas que llegan tras haber sido víctimas de prácticas abusivas y presuntamente fraudulentas de otras academias de la región.
🚨 ¿Cómo operan estos centros?
Captan alumnos prometiendo la capacitación necesaria para el ejercicio profesional. Pero la letra pequeña de sus contratos dice otra cosa: el curso carece de validez oficial. El resultado es un grave perjuicio económico y moral para el alumno, que descubre el engaño tras invertir tiempo y dinero. Es, además, publicidad engañosa.
Hemos constatado casos donde la parte práctica se posterga indefinidamente sin calendario definido o, más grave aún, se imparte en modalidad online. Esto es técnicamente imposible y moralmente irresponsable: un futuro instalador no puede adquirir las destrezas de seguridad necesarias frente a una pantalla.
Es bochornoso comprobar cómo estos centros omiten deliberadamente información crucial sobre implicaciones, costes y requisitos posteriores del proceso de acreditación como instalador de baja tensión a través de una entidad certificadora de personas. Sin informar del itinerario legal completo, el alumno acaba en un callejón sin salida al terminar el curso.
Y hay un dato que no podemos pasar por alto: estas malas prácticas se ceban, en un porcentaje muy elevado, con población extranjera. Personas con gran deseo de aprender, trabajar e integrarse, pero con menor conocimiento de la burocracia y regulación española.
Esto no es solo un problema económico. La correcta capacitación de un instalador en baja tensión previene riesgos de incendio, electrocución y fallos estructurales graves. Por eso, atendiendo a nuestra obligación deontológica y social, hemos puesto estas irregularidades en conocimiento de la Dirección General de Formación.
Hemos solicitado que se abra una vía de inspección sobre los centros que publicitan formaciones habilitantes o profesionales en el ámbito eléctrico sin cumplir los requisitos mínimos de presencialidad y oficialidad. Y pedimos a la Administración una coordinación entre Consumo, Formación e Industria para garantizar que la información contractual de estos cursos sea transparente y no induzca a error.
Desde APIEM defendemos que la formación de calidad y el cumplimiento estricto de la normativa son la única vía para dotar al mercado de profesionales cualificados y mantener los estándares de seguridad que la Comunidad de Madrid merece. No podemos permitir que la reputación de nuestro sector y la seguridad pública se pongan en riesgo por el ánimo lucrativo de centros sin escrúpulos.
